AGUSTÍN MARCO – EL CONFIDENCIAL – 05/09/16
La paciencia tiene un límite y la de Isidre Fainé se está agotando. Veinte años después de la primera inversión en Banco Portugués de Investimento (BPI) y 18 desde el lanzamiento de la primera oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% del capital, el presidente de CaixaBank sopesa muy seriamente retirar la propuesta de compra ante el nuevo obstáculo judicial surgido para tomar el control del tercer banco luso. Según han indicado fuentes próximas a las negociaciones, la entidad financiera española anunciará esta decisión en los próximos días si no se desbloquea la situación.
La petición de la suspensión cautelar, admitida a trámite, de Violas Ferreira Financial (VFF), dueño del 2,6% del capital, contra los cambios propuestos por el consejo de administración para quitar la limitación de voto que impedía a CaixaBank mandar en la gestión de BPI ha sido la última gota que ha colmado el vaso de Fainé. El banquero catalán, presidente de la Fundación La Caixa, máximo accionista de Criteria, a su vez primer inversor de la entidad financiera cotizada, se ha hartado de las buenas palabras de los reguladores portugueses y del Gobierno de António Costa.
CaixaBank, que antes del verano daba por hecho que la junta extraordinaria de BPI aprobaría los cambios de los estatutos tras obtener el visto bueno del Ejecutivo socialista y que en septiembre ya podría ejecutar su opa, se ha encontrado con otra traba: la judicialización del caso por parte de Tiago Violas, un inversor minoritario, que desde el principio ha exigido un precio mayor por sus acciones. El banco español ofrece 1,113 euros por título, por debajo de los 1,3 euros que puso sobre la mesa en su anterior oferta, la lanzada en febrero de 2015, que en su día fue rechazada por el consejo por baja.
Por el contrario, el órgano de gobierno de BPI sí ha aprobado la actual propuesta, pese a la oposición de Isabel dos Santos, la segunda mayor accionista del grupo luso, dueña del 18,1% del capital. Isabel dos Santos es la mujer más rica de África, hija de Eduardo dos Santos, presidente de Angola desde 1979, un país del que Portugal tiene mucha dependencia económica, pero que al mismo tiempo está suponiendo un fuerte daño al banco luso por la falta de control de riesgos.
BPI posee el 50,1% del Banco de Fomento Angoleño (BFA), que en el último año le dio un 50% de su beneficio y es la cuarta entidad de Angola por volumen de activos (8.022 millones de euros). Esta elevada exposición en África hizo que el Banco Central Europeo (BCE) le exigiera en diciembre de 2014 más fondos de respaldo y, en caso de no hacerlo, amenazó con una multa diaria de 160.000 euros. El supervisor europeo paralizó la aplicación de la sanción el pasado 22 de junio, a la espera del resultado de la opa de CaixaBank. Pero le dio al banco español cuatro meses para conseguir su objetivo y empezar a tomar medidas para corregir sus deficiencias. A partir de octubre, la multa sería efectiva.
Consejo en dos semanas
El problema es que en CaixaBank se temen que la resolución judicial no llegará a tiempo, y no perciben voluntad real del Gobierno de Portugal por romper con Isabel dos Santos, futura presidenta de Angola cuando su padre deje su cargo en 2018. En definitiva, que la percepción es negativa sobre el éxito de la opa que debería llevar al banco español a hacerse con la totalidad del capital y la gestión frente al 44% que tiene actualmente.
La operación es vital para CaixaBank, como demuestra que es la primera vez que intenta tomar el control de una entidad extranjera. Una adquisición que le permitiría liderar el sistema financiero de la península Ibérica, por delante claramente de Santander y de BBVA. Pero el banco es cada vez más pesimista sobre el éxito de esta compra, que le llevaría a una ampliación de capital de unos 1.000 millones de euros.
Fuentes oficiales de CaixaBank han declinado hacer ningún comentario sobre esta información. El consejo de la entidad con sede en Barcelona tiene prevista su reunión ordinaria en la tercera semana de septiembre, pero no se descarta que la decisión se adopte anteriormente en una sesión extraordinaria, dado el calado de la transacción.
